Profesionales, técnicos y administrativos del Hospital Regional Doctor Ernesto Torres Galdames de Iquique se capacitaron en la temática de abuso sexual infantil gracias a una iniciativa del Servicio de Salud de Iquique que busca identificar este tipo de delitos y mejorar la capacidad de respuesta del sector.
Esta actividad, que ya el año pasado entregó herramientas a funcionarios de la Atención Primaria y la red de salud mental, abordó el contexto jurídico al que se enfrentan los trabajadores de la salud en este tipo de casos.
La referente del Servicio de Salud de Iquique, Mónica Santander, aseguró que la violencia sexual es considerada una grave vulneración de derechos, especialmente contra la libertad e indemnidad sexual, constituyéndose en un problema de salud pública, dado que produce consecuencias sociales y daños en la salud de las víctimas, “las que se pueden manifestarse a corto, mediano y/o largo plazo, y afectar la salud física y mental de las/los sobrevivientes. Lamentablemente, a nivel mundial y nacional, los niños, niñas y adolescentes son los más afectados por esta problemática”.
Santander, explicó que en esta capacitación, en la que participaron 35 funcionarios del principal recinto asistencial de la Región de Tarapacá, también se entregaron herramientas de abordaje con los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil y también de adultos.
“Es una realidad social compleja que requiere la definición de políticas públicas y estrategias integrales que articulen a los distintos sectores que tengan competencia y responsabilidad en este ámbito, aunando esfuerzos para contribuir a resguardar los derechos fundamentales de las personas”, enfatizó la referente de Violencia Sexual del Servicio de Salud de Iquique, quien agregó que es necesario consensuar procedimientos institucionales que garanticen calidad y oportunidad de la atención y que se diseñen de acuerdo a las necesidades específicas de las personas afectadas.
Mónica Santander, informó que las cuatro líneas de acción en este ámbito son detener la violencia, proteger a las víctimas, evitar la victimización secundaria, y propender a acciones eficientes que permitan facilitar la investigación del delito.